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Propuesta de Trump para dificultar proceso de solicitud de la ciudadanía pone en alerta a los cubanos residentes en EEUU

Reportes de que la administración del presidente Donald Trump estaría preparando nuevas regulaciones para limitar el acceso a la ciudadanía a inmigrantes que hayan recibido beneficios públicos, han creado gran consternación en el sur de la Florida.

Pero la propuesta no ha sido aprobada aún, los reportes son confusos y podrían pasar meses antes de que se convirtiera en política de inmigración.

El miércoles en la mañana, abogados en la radio local de Miami estaban aconsejando a los inmigrantes cubanos que no solicitaran la ciudadanía porque les sería denegada por haber recibido en el pasado asistencia pública. Pero esta conclusión es precipitada, dicen los expertos, pues las regulaciones no han sido siquiera publicadas oficialmente.

“Lo primero que la gente necesita saber es que no hemos visto una propuesta final todavía”, explicó Mark Greenberg, autor de un estudio del Migration Policy Institute (MPI), con sede en Washington, sobre el posible impacto de la nueva política. La propuesta oficial debe ir acompañada de un período de tiempo para comentarios y discusiones y podrían pasar meses antes de que entre en vigor.

“Para cualquier persona que actualmente está considerando solicitar la ciudadanía, es importante entender que no hay una nueva regulación todavía, que los estándares no han cambiado y que, aunque el gobierno está considerando realizar cambios para el futuro, no están en efecto ahora mismo”, dijo Greenberg.

Según un reporte de NBCNews publicado el martes en la noche, los inmigrantes que viven legalmente en EEUU —o sus familiares— que alguna vez han usado Obamacare, seguro de salud para niños, Medicaid, cupones de alimentos y otros beneficios podrían verse impedidos de obtener la residencia permanente o incluso la ciudadanía.

La nueva política redefiniría lo que se considera como “carga pública” así como los criterios que deben seguir los oficiales en cada caso para adjudicar beneficios de inmigración.

“Esta es una política injusta, cruel y discriminatoria que impactará negativamente a muchos en nuestra comunidad sin razón”, comentó la representante republicana por la Florida, Ileana Ros-Lehtinen. El asesor presidencial “Stephen Miller, el supuesto autor de esta medida antiinmigrante, ha hecho su misión perseguir a los inmigrantes sin justa causa”.

Según un borrador obtenido por The Washington Post en marzo y revisado por el Migration Policy Institute, las regulaciones solo afectarían a aquellos que buscan entrar a Estados Unidos, quieren extender sus visas o solicitan una residencia permanente, y no a quienes solicitan la ciudadanía.

Además, varias leyes existentes protegen a ciertos grupos de inmigrantes, quienes no deberían ser afectados por la nueva política.

El borrador de marzo incluye excepciones para varias categorías de inmigrantes, entre ellos, los cubanos que solicitan una residencia permanente a través de la Ley de Ajuste Cubano, los centroamericanos que tienen TPS, refugiados haitianos, así como refugiados y asilados en general.

Las leyes existentes eximen a refugiados y a otras categorías de inmigrantes, entre ellos la mayoría de los inmigrantes cubanos, de la determinación de “carga pública”. Bajo el título V de la Ley de Educación y Asistencia de Refugiados de 1980, los cubanos y haitianos con estatus legal en el país tienen derecho a recibir ciertos beneficios públicos como acceso al programa de Medicaid por algunos meses y cupones de alimentos.

Varios expertos dijeron a el Nuevo Herald que la política de “carga pública” no puede aplicarse a residentes permanentes que estén solicitando la ciudadanía. Según está escrita la ley, esta regulación solo aplica cuando una persona busca ingresar a Estados Unidos o solicitar la residencia permanente.

Miembros del Congreso por el sur de la Florida tampoco pudieron confirmar el reporte de NBCNews. Varios asistentes legislativos de congresistas cubanoamericanos del partido republicano dijeron que solo habían visto una versión similar del borrador obtenido por The Washington Post y que entendían que los cubanos y haitianos, que acceden a los programas para refugiados, estarían exentos.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) tampoco aclaró detalles de la propuesta, pero dijo que “aunque el texto de nuestros estatutos de inmigración generalmente requiere que los extranjeros no sean una carga para los contribuyentes federales, estas reglas sobre beneficios públicos han sido ignoradas por décadas”.

“El uso de beneficios públicos por aquellos que no son ciudadanos es profundamente injusto para los contribuyentes de EEUU. Cualquier nación grande con generosos programas de asistencia social incurriría en déficit masivos si permitiera que cualquier persona que no sea ciudadana inmigre y obtenga cualquier tipo de beneficio federal de asistencia social”, agregó.

Florida es el cuarto estado del país con la mayor cantidad de familias en las cuales al menos un miembro no ciudadano de Estados Unidos recibe uno o varios beneficios subsidiados por el gobierno federal, como sellos de alimentos, seguro de salud subsidiado o dinero bajo el programa de Seguridad Social, según un análisis de MPI con cifras del Censo.

Unos 832,600 residentes en la Florida, que no son ciudadanos, reciben algún beneficio basado en su nivel de ingresos, según el reporte de MPI. El estudio no aclara cuántos de los beneficiarios son residentes permanentes, pueden acceder a programas para refugiados o tienen asilo.

La Administración de Trump, que ha endurecido las políticas de inmigración, ha presentado los posibles cambios como populares entre el electorado.

Ante nuevas restricciones que pudiesen devenir en un mayor número de deportaciones, expertos recomiendan estar preparados si le piden más evidencias. Estas recomendaciones lo ayudarán a lograr el éxito.

El funcionario del DHS dijo que el 73 por ciento de los votantes apoyan la exigencia de que los recién llegados sean financieramente autosuficientes y no dependan de un beneficio público. Pero ese argumento es diferente a limitar el acceso a la residencia permanente o incluso a la ciudadanía a inmigrantes legales que hacen algún uso de beneficios públicos de acuerdo con las leyes actuales.

“Muchos inmigrantes trabajan duro para llegar a fin de mes y algunas veces se ven obligados a depender de los beneficios públicos, pero eso no debe descalificar a estas personas para cumplir su sueño americano”, dijo Ros-Lehtinen. “Esta política sería un paso en la dirección equivocada y enviaría el mensaje de que Estados Unidos ya no quiere nuevos talentos o potenciales trabajadores estadounidenses “.

La mayoría de los inmigrantes que usan beneficios públicos lo hacen como complemento al trabajo. Según cifras del MPI, el 63.3 por ciento de los no ciudadanos (de 16 a 64 años) que recibieron uno o más beneficios en la Florida estaban empleados, en comparación con el 50.3 por ciento de los beneficiarios nacidos en EEUU.

“Si la propuesta se mantiene similar al borrador que hemos visto [en marzo], es probable que sea impugnada en un tribunal porque es una gran desviación de los estándares que se han aplicado hasta ahora para determinar qué significa carga pública “, comentó Greenberg. “Es probable que se pueda argumentar legalmente que no es coherente con la intención del Congreso”.

Con información de El Nuevo Herald

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